POR: CONSUELO AHUMADA* - PORTAFOLIO
No deja de sorprender el giro en las relaciones internacionales que ha emprendido Santos durante su gobierno. En menos de una semana restableció los vínculos comerciales con Venezuela.
Un cúmulo de escándalos y denuncias de alcance internacional sobre violaciones al Estado de derecho acompañó los dos mandatos de Álvaro Uribe. Pero sus relaciones con los países de la región durante el último año estuvieron marcadas por el acuerdo militar con Estados Unidos, firmado el 30 de octubre del 2009. Esta alianza, que se negoció en secreto, atizó aún más las contradicciones con los vecinos y extendió el malestar por toda la región.
Sin embargo, el denominado “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, que permitía al país del Norte utilizar siete bases militares colombianas y a sus militares circular como “Pedro por su casa” por el territorio nacional, tuvo corta vida.
En agosto del año pasado, diez días después del inicio del nuevo Gobierno, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado se había pronunciado también en contra con el mismo argumento de la Corte: conforme a la Constitución, un tratado internacional nuevo debe surtir el trámite de la discusión en el Congreso y el acuerdo lo había evadido.
Por lo demás, no deja de llamar la atención que en el 2010 la Corte Constitucional pronunciara dos sentencias que fueron determinantes para frenar la continuidad del proyecto político uribista: la primera en contra de la reelección y la segunda del acuerdo militar. En ambas ocasiones procedió en defensa del orden jurídico del país, tan maltratado por ese Gobierno.
No obstante, en los últimos días del año pasado el tema volvió a ser noticia a raíz de las más recientes filtraciones de WikiLeaks sobre Colombia, publicadas por El País, de España. Como en muchos otros casos, quedaron al descubierto infidencias sobre asuntos de fondo, en esta oportunidad sobre la negociación del acuerdo.
Se informa allí que, en julio del 2008, justo después de la Operación Jaque, el presidente Uribe le solicitó a Washington el establecimiento de una 'Cooperative Security Location'. Es decir, fue el Gobierno colombiano el que ofreció las bases, aunque a Estados Unidos le venía muy bien la oferta, debido a la no renovación de la base de Manta por Ecuador. Eso sí, como ha ocurrido en otras ocasiones, el texto del acuerdo fue redactado por funcionarios estadounidenses.
Muestran los cables que el Presidente y sus ministros eran conscientes de las dificultades políticas y jurídicas implícitas en el acuerdo, por lo que insistieron en presentarlo como un suplemento a los ya existentes. Aunque la Embajada estadounidense no le puso objeción a ello, sí se opuso a otras dos propuestas presentadas por Colombia.
La primera pretendía que el tratado estableciera el compromiso de Washington de defender militarmente al país en caso de una agresión de Venezuela. De manera explícita, se le pedía garantizar los bienes y servicios necesarios para enfrentar una amenaza a la seguridad de nuestro país. Finalmente, Estados Unidos impuso una salida menos comprometedora, expresada en la necesidad de “profundizar la cooperación entre los dos países”.
El segundo punto de desacuerdo, aún más polémico, era la insistencia del Gobierno colombiano para que, dos años después de la firma del acuerdo, Washington instalara un sistema de defensa aéreo para proteger las bases. Por los cables revelados, se sabe que a los estadounidenses les pareció absurda esta solicitud, tanto por su elevado costo como por sus implicaciones regionales.
También quedó en claro que fue el Gobierno el que ofreció completa inmunidad para los militares y contratistas del norte. Por ello, en el texto final se dice que Estados Unidos se compromete a investigar los crímenes de su personal y a informar al país sobre sus resultados. Pero su juzgamiento y condena dependerá de sus autoridades, no de las colombianas.
En todo este proceso de negociación resulta muy comprometedor el papel del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
De acuerdo con WikiLeaks, él mantuvo siempre la posición más dura, en respaldo al Presidente, frente a una más conciliadora y diplomática, planteada por el canciller Bermúdez. Santos le insistió al embajador Brownfield para que ayudara al país en caso de una agresión de Chávez, tal como lo hizo con Israel en la guerra del Yom Kippur de 1978, es decir, que convirtiese a Colombia en el Israel latinoamericano. Entre tanto, el Canciller parecía “más sensible a las preocupaciones sobre soberanía nacional”, reza el cable del embajador gringo.
De acuerdo con esta información, en el 2009 el Gobierno colombiano estaba dispuesto a incursionar de nuevo en los países vecinos para actuar en contra de las Farc, pero la Embajada le impuso el compromiso de consultar antes cualquier operación transfronteriza. La insistencia de Colombia llegó todavía más lejos. En septiembre del mismo año, cuando Venezuela anunció la compra de 100 carros de combate T-72 a Rusia, Uribe le pidió a Washington que hicieran una “actividad simbólica y visible” de los militares de este país en la base de Palanquero, a lo cual la Embajada se negó.
Tanto con estos cables, como con otros que se han filtrado sobre Colombia, causa profunda molestia la completa sumisión de nuestros gobernantes. Altos funcionarios entran y salen de la Embajada estadounidense en busca de consejos y dispuestos a hacer las peticiones más absurdas, a cambio de las concesiones más indignas. Si bien ello ha sido una constante histórica, sus efectos parecen más serios cuando la gran mayoría de las naciones del continente pugna por rescatar su soberanía nacional en asuntos tan cruciales como la política internacional y el modelo de desarrollo e integración.
Pero también queda expuesta una política que es inaceptable en el contexto latinoamericano. Al mejor estilo de Bush, el Gobierno de Uribe quiso exacerbar las contradicciones regionales, llegando incluso a la confrontación armada con los vecinos. Una confrontación en la que, por supuesto, estos tendrían todas las de perder, frente al enorme poderío militar estadounidense. Queda completamente claro, si acaso no lo estaba para algunos, que no eran infundados los temores de los gobernantes suramericanos sobre el alcance regional del acuerdo con Estados Unidos. En este punto, hasta el mismo Brownfield parecía más prudente:
“No vemos las últimas declaraciones de Chávez como un aumento significativo en lo que ya ha dicho, y no le recomendamos a Washington tratar esto como una crisis genuina”, señala en uno de los mensajes enviados a su Gobierno.
Por ello, no puede dejar de sorprender el giro en las relaciones internacionales que ha emprendido Santos durante los cinco meses transcurridos de su gobierno. En menos de una semana logró restablecer los vínculos comerciales con Venezuela y Chávez se convirtió en su “nuevo mejor amigo”, para disgusto de Uribe. “Ahora no soy el ministro de Defensa, soy el presidente de Colombia. He decidido olvidar lo que nos dijimos mutuamente -porque fue en ambas vías- y empezar una nueva relación”, explicó el Presidente al Washington Post sobre su nueva relación con Venezuela. Poco tiempo después haría lo propio con Ecuador.
De la misma manera, Santos se comprometió con Unasur, convocó su reunión de emergencia cuando se produjo el intento de golpe en Ecuador y, recientemente, propuso una candidata colombiana para presidir este importante foro, confiriéndole así la legitimidad que el Gobierno anterior le negó. Este cambio, que busca fundamentalmente mejorar las relaciones comerciales y los negocios con los vecinos, es positivo para el país y para la región y así lo han percibido los sectores democráticos, tanto del país como de fuera.
Consuelo Ahumada. - Profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Integrante del Partido del Trabajo de Colombia (PTC)
