Opiniones sobre la expedición del decreto general (2351 de 2014) que extiende la prima de servicios territorial.

Una vez conocida la noticia de hoy sobre la expedición del decreto que extiende la prima de servicios a nivel territorial, presento a la opinión pública los siguientes comentarios:

En primer lugar es evidente la dificultad del gobierno con la situación política en relación con el desarrollo del proceso de paz que respaldamos muchos dirigentes sindicales, pero que a partir de la captura y retención de un general de la República y otros mandos y civiles, se apuró a asegurar éste desarrollo del acuerdo nacional de 2013 con el sindicalismo estatal.

En segundo lugar, hay que valorar que aunque aunque parcialmente, éste segundo esfuerzo, fue mas allá de lo que había ocurrido tan solo con dos departamentos (Nariño y Santander), un municipio (Medellín) y una Universidad a las que les cumplió previamente.

Sin embargo quedan varios aspectos en controversia con el gobierno que han de resolverse:

1. No se incluyo al sector de trabajadores de las Empresas Sociales del Estado ESE (Hospitales) en el decreto, cosa que es absolutamente condenable y reprochable, y por la cual nos manifestaremos.

2. El decreto se proyectó para pagar el derecho en 2015. Esa proyección, pone en desigualdad a todos los que a diferencia de las instituciones ya mencionadas, tuvieron el derecho en el presente año.

3. Por desgracia, pese a ser una iniciativa de los trabajadores y sus organizaciones por naturaleza, los sindicatos, más que de los entes territoriales propiamente, el Gobierno Nacional omite en las consideraciones del decreto, relatar que éste es fruto de un proceso de negociación iniciado en 2013 y de un acuerdo resultante del mismo con las centrales obreras.

Habrá que valorar las posibilidades políticas y jurídicas a seguir para conquistar lo que aún hace falta:

1. Preparar el desarrollo de éste punto en la agenda de negociación nacional para 2015.

2. En ese contexto, preparar las acciones de movilización nacional creativa y muy visible.

2. Realizar un debate en Senado o Cámara, cuestionando el trato desigual, y pidiendo la modificación de la vigencia, y la inclusión del sector que labora en las empresas sociales del Estado.

3. Demandar: La expresión relativa a la vigencia (2015), así como por ausencia relativa en relación con la inclusión del personal de salud; en ambos casos por violación a la Constitución Política, artículo 13, derecho a la igualdad.

5. Abordar el debate en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Comité Sectorial del Sector Público.

Aquí el enlace al sitio WEB del DAFP donde puede consultarse la norma: http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2390


Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Presidente Nacional del SUNET
Miembro equipo negociador del SUNET por la CUT
Acuerdo marco para empleados públicos en 2013