Diez miembros de la Junta Nacional del SUNET intentan expulsarme arbitrariamente.

Por: Carlos Castañeda

Luego de aprobar una propuesta que no se sometio al debate de las bases junto a las demás propuestas, durante la Asamblea Nacional de Delegados (Moniquirá, Boyacá, 5 y 6 de julio/18), se suprimió el parágrafo 1o. del artículo 5 de los estatutos del SUNET, con el único objetivo de intentar retirarme del sindicato por mis opiniones y actividades político sindicales, y con el pretexto de haber perdido el suscrito el empleo -Asunto que debería motivar la solidaridad en lugar de desatar el oportunismo, pues hay proceso jurídico en desarrollo-. Diez integrantes de la Junta Directiva Nacional, durante la reunión ordinaria realizada en Bogotá el pasado viernes 10 de agosto, decidieron una expulsión política del suscrito que me apartaría del cargo sindical, del sindicato y del sindicalismo en general.

El parágrafo eliminado establecía:

(Parágrafo 1o: Los afiliados o afiliadas al SUNET que pierdan su condición de trabajador o trabajadora del sector, mantendrán su condición de afiliados y/o miembros de la Junta Directiva de la organización.)

No bastó haber ayudado a superar los momentos más difíciles de debate para mantener la unidad en la fusión que creó el SUNET, no bastó haber puesto el nombre del SUNET en la mesa de negociación estatal, no bastó promover acciones de apoyo a nuestras seccionales en muchas regiones del país, no bastó haber impulsado el apoyo a la paz por parte del SUNET, al primer atisbo de una opinión contraria de mi parte y luego de entregar por acuerdo la Presidencia del SUNET, primó el sentido mezquino de apartar a quien aún en minoría en la Junta, tiene un discurso que no es admitido en la misma, porque tiene gran ascendencia en las bases.

La decisión es una revancha por proponer en la Junta el apoyo a Gustavo Petro por coincidir con la plataforma de lucha del sindicato, y en la Asamblea por proponer el respaldo a la consulta anticorrupción, que se aprobó con gran polémica, y tratar sin éxito, porque se enerbó a la asamblea, de impulsar una resolución contra la violencia, en respaldo a la paz y en favor de la protección de las víctimas y la condena a los atentados y asesinatos, y otra contra la política anunciada en campaña por Duque.

La decisión entonces es realmente un intento de expulsión política, pues la supresión del parágrafo no implica la obligación de apartarme del sindicato ni del cargo. Esta afirmación tiene estos dos aspectos que la sustentan:

1. En el estututo se suprimió un parágrafo que establecía un derecho, pero en su lugar no se estableció una prohibición. Lo que no está prohibido, está permitido. La interpretación de que la supresión del parágrafo es una prohibición, es un concepto acomodado y fuera del derecho que apoya una decisión polítiquera contraria al pluralismo.

2. Suponiendo que el anterior aparte tuviese el efecto que suponen equivocadamente los diez miembros de la Junta, que lo interpretan acomodadamente, ni la ley, ni en este caso la ley interna del SUNET (Su estatuto), puede aplicarse retroactivamente, a menos que expresamente se haya señalado en su aprobación que la misma aplica hacia el pasado, cosa que no se consignó en el texto estatutario modificado. Lo anterior quiere decir, que quien viniese como afiliado siendo amparado por el parágrafo en su calidad de afiliado o afiliado directivo, no podría ser retirado del sindicato por el cambio, por que la desición rige desde la fecha de la Asamblea, sin que pueda afectar hacia el pasado a quienes bienen gozando de ese derecho. Cosa distinta ocurre cuando se trate de una causal de expulsión, en cuyo caso, como no ocurrió en esta situación, debe aplicarse el principio del debido proceso.

Dado que la decisión afecta derechos los fundamentales del suscrito y de quienes me han respaldo y siguen haciendolo, apelaré la misma ante la Asamblea Nacional de Delegados con base en el art. 29 Constitucional.

Estas son las personas y algunos comportamientos políticos de quienes se empeñan en silenciar mi voz en el SUNET:

El nuevo Presidente German García (Bogotá), quien guardó silencio cuando propuse respaldar la revocatoria del Alcalde de Bogotá y cuando propuse apoyar a Petro, y quien de esa manera retira del paso a uno de quienes pueden criticarle objetivamente su tendencia a no enfrentar políticamente situaciones que ameritan posición frentera.

La nueva Secretaria General, Ivonne Rodriguez (Bogotá), actualmente candidata a la CUT Nacional, y quien se opone a que el sindicato o sus miembros individualmente, puedan adoptar postura política mencionando que son parte de la organización. No fija postura sobre los temas más importantes, pero vota e influye sobre el voto. Resulta beneficiada al retirarme del SUNET para su campaña. ¡Así no es compañera!

Heriberto Perez (Cali), tristemente célebre por haber intentado sin éxito con mi oposición, reencauchar en el Sunet, al maestro Luberley Mazuera, cuestionado en el SUTEV y la CUT Valle, por presuntamente ser un entreguista de sus compañeros (Hay proceso en su contra con pruebas) Hoy me cobra con su voto.

Dos uribistas, Rigoberto Rodriguez (Libano), defensor aserrimo del Gobierno entrante del títere Duque y del titiritero Uribe, y del discurso de Macias en el Congreso, y Erwing Camelo (Manizales), quien sorprendió cuando en el SUNET se molestó por que otros de la Junta apoyaramos a Petro y lo expresaramos públicamente en una declaración. Claramente me cobrean por representar el proyecto político contrario a sus intereses en la Junta.

La encargada de los asuntos de la mujer Emma Balcazar (Popayán), quien de mi parte recibió todo el apoyo político para su gestión, y otros cuatro dirigentes: Johana Paez (La Mesa), Isaías Blanco (Tocancipá), Julio Rosas (Sopó) y Augusto Amaya (Barranquilla).

La decisión tuvo cuatro abstenciones que me hacen recordar a Fajardo, las de Luis Correa (Tunja), Ivan Rodríguez (Tunja), Lucas Cardenas (Barrancabermeja - Partido Comunista), y Sandra Casas (Buga).

Finalmente cinco votos que junto al mío defendieron y argumentaron sin que se desvirtuaran los argumentos por ellos presentados, para señalar que esa determinación no era legal ni posible, el Fiscal Asmed Ospina (Ibague), Adriana Contreras (Bucaramanga), Alexander Molina (Neiva), Carlos Barrera (Bogotá) y Mauricio Quintero (Bogotá).

Por un sindicalismo independiente, pero no indiferente de los políticos y sus postulados, no indiferente, y con capacidad crítica y autocrítica respetuosa del pluralismo y de la discusión política, no cesaremos en el reconocimiento denuestros derechos, anque debamos hacerlos valer tambien entre "dirigentes" sindicales.