sábado, 18 de agosto de 2018

Por participación en política, como derecho de empleados estatales.

VOTE CARLOS CASTAÑEDA, #128 CUT Bogotá Cundinamarca.

Algunos dirigentes sindicales del sector público se centran en que el empleado público no debe participar en política porque la normatividad lo prohíbe y porque en su opinión afecta a las organizaciones.

En lo personal discrepo de esa perspectiva diametralmente.

Esto dice la Constitución Política:

INC. 2º—Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º:
"A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

INC. 3º—Modificado. A.L. 2/2004, art. 1º:
"Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria."

INC. 4º—:
"La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta."

Qué sería de los derechos laborales sin varios ex dirigentes sindicales del magisterio y ex sindicalistas del sector público entre otros junto a la izquierda. Estarían mucho más deteriorados. Nunca renunciaremos a lograr la plenitud de los derechos civiles y políticos.

Ese es parte de mi compromiso en el sindicalismo.

lunes, 13 de agosto de 2018

Diez miembros de la Junta Nacional del SUNET intentan expulsarme arbitrariamente.

Por: Carlos Castañeda

Luego de aprobar una propuesta que no se sometio al debate de las bases junto a las demás propuestas, durante la Asamblea Nacional de Delegados (Moniquirá, Boyacá, 5 y 6 de julio/18), se suprimió el parágrafo 1o. del artículo 5 de los estatutos del SUNET, con el único objetivo de intentar retirarme del sindicato por mis opiniones y actividades político sindicales, y con el pretexto de haber perdido el suscrito el empleo -Asunto que debería motivar la solidaridad en lugar de desatar el oportunismo, pues hay proceso jurídico en desarrollo-. Diez integrantes de la Junta Directiva Nacional, durante la reunión ordinaria realizada en Bogotá el pasado viernes 10 de agosto, decidieron una expulsión política del suscrito que me apartaría del cargo sindical, del sindicato y del sindicalismo en general.

miércoles, 18 de julio de 2018

Contra la violencia ni un paso atrás

Compartimos el artículo escrito por Arvey Lozano S., integrante de la Junta Subdirectiva del Sunet en Palmira, Valle del Cauca, y publicado en El Diario Extra para El Valle del Cauca, en el día de hoy:

"Cada decisión tomada por la “democracia” colombiana arrasa con las esperanzas de tener un país próspero y en paz. Las arduas negociaciones de paz con las FARC  y el inicio de conversaciones con el ELN, despertaron en muchas personas un sentimiento de reconciliación y, en otros tantos, removieron el odio. La clase política colombiana que, durante más de 60 años se ha lucrado de la guerra, manteniéndola para justificar gasto militar y su corrupción asociada; al unísono, se alió con gremios económicos y medios de comunicación para hacerle creer a los ciudadanos que el único camino viable para el país es la violencia. Manipulados por “ideólogos” con vínculos con la mafia, decidieron en un referendo que la guerra era el camino. En las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, avalaron que era necesario dinamitar y “hacer trizas” el acuerdo de paz con las FARC. Lejos de tener una conciencia por el crecimiento como país, la masa de colombianos cree que el único camino es el asesinato del otro como respuesta al futuro.

sábado, 16 de junio de 2018

Si el apoyo a Petro cuesta ser destituído, que me destituyan una y mil veces.

Por Carlos Castañeda.

Justo hoy, un día antes de las elecciones presidenciales, recojo del casillero en la recepción del conjunto residencial en que vivo, una comunicación del pasado 8 de junio, y en ella la noticia:

He sido destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por enviar un correo electrónico del sindicato, desde el correo del sindicato y sin utilizar mi nombre o mi cargo, invitando a apoyar a Marcelo Torres, candidato del PTC por el Polo al Senado en 2006.

¿Quién era el Procurador General de la Nación durante la sanción que data de 2011?:

"Monseñor" Alejandro Ordóñez, hoy con la campaña de Uribe y Duque.

jueves, 7 de junio de 2018

Uribe va es por la presidencia.

El titiritero quiere es hacer el show él mismo.

Se han preguntado ¿qué ocurriría en el hipotético caso de que luego de elegir a Gustavo Petro y Ángela María Robledo, estos renuncien o dejasen sus cargos por cualquier falta absoluta en momentos distintos, primero Gustavo Petro y luego Ángela Robledo (Algo demasiado poco probable y muy hipotético)?

Pues de acuerdo a la Constitución Política de Colombia se debería nombrar al Ministro del mismo partido político que los eligió (Art. 203 Constitución Política), mientras el Congreso de la República elige al nuevo Vicepresidente, que es quien entra a cubrir la vacante, y que se elige para ser Vicepresidente en funciones presidenciales, no presidente. En este caso tan inverosímil, la especulación es difícil, probablemente tendríamos una situación con similitudes a la del Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, un nombramiento de alguno de los de siempre y para recuperar el botín de mermelada.

Pero ahora, se han preguntado ese mismo escenario del otro bando de la contienda presidencial:

¿Qué ocurriría en el hipotético caso de que luego de elegir a Ivan Duque y Martha Lucía Ramírez, estos renuncien o dejasen sus cargos por cualquier falta absoluta en momentos distintos, primero Duque y luego Ramírez, y sea el Congreso quien elija al nuevo Vicepresidente, que es quien entra a cubrir la vacante?

La Constitución Política de Colombia señala que en caso de falta absoluta del presidente, y esta puede darse por renuncia del mismo, sus funciones serán asumidas por el vicepresidente, y que si se presenta vacancia del vicepresidente, el mismo será elegido por el Congreso de la República.


“(...) ARTÍCULO 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado.

(...)

ARTÍCULO 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República.

Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera.

El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión.

En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período.

El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá asumir funciones de Ministro Delegatario. (...)”
Negrilla mía

Y que pasa en caso de falta absoluta del vicepresidente elegido popularmente de acuerdo con la Constitución Política:

“(...) ARTÍCULO 203. A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.

La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

(...)

ARTÍCULO 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de remplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.(...)”


Luego de la eliminación de la reelección presidencial, los colombianos sentimos una enorme tranquilidad de que Álvaro Uribe no pueda ser reelegido Presidente de la República. No obstante, de acuerdo en un análisis sencillo, no está prohibido que sea elegido por el Congreso de la República como Vicepresidente. Ese nuevo Vicepresidente no tiene la restricción de ser elegido sobre el cargo de Presidente, pues se lo elige para la Vicepresidencia, pero ojo a esto, lo más grave, podría asumir las funciones de la Presidencia de la República desde el cargo de Vicepresidente sin haber sido elegido para presidente. De acuerdo con lo anterior, a falta absoluta, primero de Duque como Presidente y luego de Ramírez como Vicepresidenta, podría elegirse en el Congreso, a Uribe Vélez como Vicepresidente, y oh sorpresa, puede asumir como Vicepresidente la Presidencia, sin haber sido ser elegido Presidente que es lo que prohíbe la Constitución Política, pues simplemente la asume tomando posesión sin necesariamente haber sido elegido para el cargo de Presidente.

“(...) ARTÍCULO  197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección sólo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente.

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde.(...)”


Los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179 no impiden, por lo menos hasta la fecha en especial el 1 y el 2, que Uribe pudiese llegar mediante esa modalidad.

(...) ARTÍCULO  179. No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

(...)

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

(...)

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. (...)”


Llámenme fatalista, pero las posibilidades de que algo así esté planteado en el fondo de la campaña de Uribe con Duque y Ramiréz como comodines, no necesariamente es una mera especulación teórica sin posibilidad de ocurrir, sino de acuerdo a la forma de pensamiento tantas evidenciada por los miembros del Centro Democrático, y la enorme coalición que ahora aglutinan, es una posibilidad real que debe ponernos en la tarea de redoblar esfuerzos para elegir a Gustavo Petro.

Carlos E. Castañeda R.
Twitter: @CECastaneda

viernes, 1 de junio de 2018

Las aspiraciones de los trabajadores en la contienda presidencial

Cortesía de "El Espectador"
Por: *Carlos E. Castañeda R.

Editado para segunda vuelta presidencial


¿Qué les proponemos a los candidatos?



La gente del común en Colombia, la clase trabajadora, independientemente de que esté empleada o no, tiene varias cosas en que pensar.



¿Qué queremos los trabajadores?



Política de empleo: De una parte debe pensarse en cómo lograr una mayor incorporación laboral por contraposición al alto desempleo que reina en Colombia, lo que no puede ocurrir sino mediante la industrialización de la economía del país que debe tener un especial énfasis en el terreno agro industrial, sumada a la facilidad de formalización empresarial de pequeñas y medianas empresas que actúan informal o semi informalmente, y mediante una decidida política de formalización del trabajo precarizado en todas sus formas (OUT sourcing, contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación de servicios, falsas filiales, etc).

lunes, 22 de enero de 2018

Gobierno violenta los acuerdos laborales con el movimiento sindical



Nuevamente, tal y como ocurrió cuando el hoy decreto 160 fue expedido en incluír en su texto el acuerdo relativo al arbitramento para resolver los conflictos laborales, el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha decidido expedir varias normas relativas a peticiones del movimiento sindical que fueron acuerdos con sus representantes en la mesa de negociación y posteriormente en la comisión de seguimiento de los acuerdos.

A continuación las diferencias entre el Decreto 051 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009” y el acuerdo suscrito con las centrales y federaciones sindicales en relación con sus trabajadores del sector público:

miércoles, 10 de enero de 2018

¿Acaso el sindicalismo debería hacer algo en las elecciones venideras?

Quien escribe estas líneas ha estado por convicción al frente de la lucha sindical, de la causa de la clase proletaria, por más de 22 años. Ha sido despedido en una oportunidad, encerrado injustamente dos cortas oportunidades por razones sindicales, en 1997 durante el paro estatal en el municipio de Facatativá, y en Mosquera (Cund) en el año 2006 durante una justa protesta que lideraba contra el destituido alcalde Álvaro Rincón, alfil uribista en que pretendía golpear a los trabajadores del municipio.

Igualmente he marchado y participado de cientos de protestas, mítines, plantones en defensa de los derechos laborales y sociales cuando han sido amenazados, o para buscar nuevos derechos que mejoren la calidad de vida de la clase trabajadora.

Tres oportunidades en la mesa de negociación de los trabajadores estatales y tres veces ejerciendo la secretaría técnica en la parte sindical, me han permitido ser partícipe de aumentos salariales superiores a la inflación, de la extensión del régimen salarial -propuesta nuestra- (Prima de servicios y bonificación por servicios prestados equivalentes a entre el 100% y el 80% de un salario adicional anual) y hasta el auxilio de alimentación en el año 2006 sin que estuviese regulada la negociación general, actuando en nombre de la CUT.

La participación destacada en el liderazgo del proceso de unidad de una nueva y fuerte organización de los trabajadores estatales en un gran sindicato por rama como lo es el SUNET, es parte importante del trabajo que ha realizado el aquí escribiente.

En todo ello y en muchas otras cosas, la acertada orientación de Yezid García, ex concejal de Bogotá, hoy elegido entre otros por mí, como nuestro candidato al Senado de la República con el número 6 en la lista de la Alianza Verde; quien como Secretario de la Comisión Obrera Nacional del Partido del Trabajo de Colombia PTC -Integrante de la Alianza Verde-, durante una parte importante del tiempo en que he estado en la actividad sindical, ha sido clave de mi formación política, y sobre el qué hacer en cada momento de acuerdo al análisis sobre la situación y la mayor conveniencia a los trabajadores.

La coyuntura de Colombia en la que de acuerdo con el décimo informe sobre Trabajo Decente en Colombia elaborado por la Escuela Nacional Sindical “El 51,3% de los trabajadores colombianos son ocupados no asalariados.” y que señala  también que “en 2016 el 48,7% del total de ocupados recibió menos de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv).”; así como las propuestas de empeorar para los trabajadores el sistema pensional público de Colpensiones en beneficio de los fondos privados de los banqueros colombianos en que coinciden con ellos el uribismo, Vargas Lleras y tristemente hasta Sergio Fajardo; el insistir, como lo ha reiterado Uribe, en mantener el mismo asesino sistema de salud de las EPS´s creado por él; la depredación y deterioro del sistema de educación pública universitaria, de educación secundaria, primaria y preescolar, así como la educación para el trabajo del SENA en beneficio del sector privado, y los índices de corrupción en que se han visto los dos gobiernos de Santos y los dos de Uribe entre muchos otros aspectos; no hablan bien de la situación de la clase trabajadora del país, ni de la vida de los campesinos, ni de los demás importantes segmentos de nuestro pueblo colombiano; excepción hecha de los ingresos que obtienen por utilidades anuales en billones de pesos los banqueros de la ANIF y los miembros de la ANDI y demás poderosos gremios empresariales.

El des escalamiento del conflicto armado finalizado con la entrega de armas por parte de las FARC, seguido de la negociación del Estado con el ELN con igual objetivo, por desgracia entrecortada con el fin del cese bilateral al fuego; vienen generando un ambiente en que los problemas sociales van cobrando mayor importancia y visibilidad, y se abre en el horizonte un espectro que permite pensar en un mayor grado de consciencia, pese a las muertes incesantes de líderes sociales.

La vía de la paz, es la correcta para que se deje de ver en los medios de comunicación de los mismos poderosos empresarios, las contradicciones dentro de sectores del pueblo enfrentados por errores de táctica en la lucha política; como si fueran la causa de todos los males -Aunque sí han sido causa de muchos-; y empecemos a ver que la desigualdad del tercer país más desigual del mundo, el nuestro, no es porque se haya entregado la riqueza de los poderosos en el acuerdo del Teatro Colón ni el de Cartagena, a ningún grupo político o guerrillero, sino porque la tajada de los poderosos en Colombia se cosecha y acrecienta sobre la explotación de nuestro pueblo trabajador.

El estado actual de las condiciones sociales y políticas, impone el deber de incrementar en el Congreso de la República de Colombia, contrario a la creencia de que debería cerrarse o disminuir la participación en el mismo; el número de representantes de los legítimos intereses del pueblo colombiano, del pueblo campesino, estudiante, trabajador urbano, y de los segmentos de nuevas ciudadanías. Incrementar la presencia de aquellos representantes que se encarguen de proponer nuestras iniciativas aunque sean derrotadas por mayorías ficticias de otros segmentos cooptados o “enmermelados” en ese escenario, o por representantes de los intereses de la alta y poderosa clase burguesa rica de nuestro país; que se encarguen de decirnos quienes se oponen a la satisfacción de nuestros intereses ante las propuestas de nuestra parte, que nos digan quienes como aliados se oponen a las propuestas contra nuestros intereses y nos deje saber quienes las proponen y a quienes representan y benefician; y finalmente que ponga el espacio político que representa el Congreso como tribuna para orientar la construcción y engrandecimiento de un poderoso y fuerte Partido del Trabajo de Colombia mediante el debate permanente y el trabajo político con la gente.

Junto con los demás militantes de nuestro partido el PTC, consideramos que es necesario seguir abogando por un acuerdo de la mayor amplitud -aún hay demasiados candidatos que defienden la paz por su lado- para tener opción de disputar la presidencia de la República con un programa construido colectivamente, contra la maquinaria de Vargas Lleras y contra el desafortunado respaldo popular del uribismo conseguido con engaño incluso entre víctimas de su política.

¿Acaso puede lograrse sólo mediante la aislada lucha del sindicalismo débil en Colombia, y sin participación en la lucha política, cambiar todo lo que necesitaríamos para mejorar nuestro país?

La respuesta a ambos interrogantes es que no. Es por ello que considerando los humildes aportes que podido hacerle individual o colectivamente a muchos de quienes serán destinatarios de esta comunicación, les quiero pedir que sean parte del equipo de personas que además de decir “sí, yo le doy el voto” y que en efecto lo hagan, nos digan “sí, yo estoy para ayudar a hacer campaña y conseguir más votos” para llevar a Yezid García al Senado de la República, y a los aliados que bajo su confianza aspiran a la Cámara de representantes en las regiones, entre quienes destaco en Bogotá a Alejandro Rivera #106 por la Alianza Verde.

Bajo la premisa de que los derechos sociales no se consiguen con caudillos sin un pueblo consciente, invito a que seamos parte de este gran propósito colectivo, para avanzar por otros objetivos de mayor envergadura más adelante.

Con gran cariño y aprecio,

CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO
Líder sindical

Vamos con YEZID GARCÍA, #6 en la lista de la Alianza Verde para Senado de la República.